Los nexos del piloto del presidente Ivan Duque y Alvaro Uribe con el cartel del Sinaloa

Empresa en la que trabajaba Samuel David Niño, hermano del excandidato a la Gobernación del Meta, Hernán Gómez Niño, tendría contratos con Aerocivil.

Esta vez, los periodistas Gonzalo Guillen y Julián Martínez de la Nueva Prensa, revelaron una nueva investigación relacionada con el piloto Samuel David Niño, de quien habían revelado sus nexos con el Cartel de Sinaloa, y sus trabajos transportando al excongresista Álvaro Uribe, durante su campaña al Senado y a Iván Duque en medio de su campaña presidencial.

Samuel, quien era hermano del excandidato a la Gobernación del Meta por el Centro Democrático, durante las elecciones del 2016-2019, Hernán Gómez Niño; falleció, según los periodistas, en Guatemala en diciembre de 2019 piloteando un avión que se accidentó, en límites con México, cargado con cocaína que había recogido en Puerto Carreño, Vichada, en Colombia. Junto a él estaba el ciudadano colombiano José Alberto Quintero, quien, se cubría con la identidad de Lino Nevado Sthormes, ex oficial de la Fuerza Aérea de Venezuela.

La investigación afirma que el piloto aportó 20 millones de pesos colombianos a la campaña para el senado de Uribe y así consta en la contabilidad oficial.

Los contratos de Llanera de Aviación, empresa donde trabajaba Samuel David, fueron otorgados durante el gobierno de Iván Duque por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.

El primero se firmó el 12 de septiembre de 2019, por 42 millones 800 mil pesos, con vigencia de un mes. Tenía como objeto: “Transporte aéreo estaciones lejanas”. La descripción es la siguiente: “Contratar el servicio de transporte aéreo para equipos, repuestos, accesorios y personal necesario idóneo para realizar las labores de mantenimiento, supervisión, asistencia, inspección e instalación de los equipos y sistemas de telecomunicaciones de las estaciones adscritas a la dirección regional de Cundinamarca”.

Según la Nueva Prensa, este contrato se aprobó ilícitamente debido a que el comité evaluador oficial que debió revisarlo de antemano conceptuó que la empresa contratista no llenaba los requisitos jurídicos y técnicos exigidos.

El segundo contrato, fue por una duración de siete meses, por valor de 131 millones 450 mil pesos y se encuentra vigente, aunque debió liquidarse en diciembre pasado.