ANI gana batalla jurídica definitiva por el colapso del puente Chirajara

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) obtuvo una victoria jurídica clave frente a la concesionaria Coviandina (filial del Grupo Aval, propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo). El tribunal falló en contra de las pretensiones de la constructora, que buscaba que el Estado colombiano asumiera el costo de las primas de seguros tras la tragedia del puente Chirajara.

Puntos clave del fallo

• Responsabilidad del Concesionario: La justicia dejó en claro que es obligación exclusiva de los concesionarios contratar, pagar y mantener vigentes las pólizas de seguro.

• Sin cargo al Estado: El tribunal rechazó el argumento de que el aumento en los costos de las pólizas (tras el siniestro) debía ser compensado por la ANI.

• Gestión de Riesgos: Se determinó que los daños no cubiertos deben resolverse bajo la figura técnica de “Evento Eximente de Responsabilidad”, sin que esto implique un traslado de costos financieros al erario público.

  
  

Contexto de la tragedia

El 15 de enero de 2018, la pila B del puente Chirajara colapsó durante su construcción en la vía Bogotá-Villavicencio. Investigaciones técnicas posteriores confirmaron que el desplome se debió a un grave error de diseño, específicamente en una viga transversal que no soportó el peso. El desastre cobró la vida de nueve obreros.

El entramado detrás de la obra

Coviandina es controlada por Corficolombiana, empresa que forma parte del holding Grupo Aval. Este fallo sienta un precedente importante en la contratación pública en Colombia: los errores técnicos y las negligencias en la ejecución de megaobras deben ser asumidos financieramente por los privados, no por los contribuyentes.